Internet y seguridad en línea · Chile
Internet y seguridad en línea — Chile (2026)
Chile está considerado como uno de los entornos en línea más libres del mundo (puntuación de Freedom House: 86/100, 2024), sin censura estatal ni una ley de regulación integral de las plataformas equivalente a la DSA de la UE o la OSA del Reino Unido. La responsabilidad actual de las plataformas es condicional: los proveedores de servicios de Internet (ISP) y las plataformas están exentos de responsabilidad por los contenidos de terceros, salvo que incumplan una orden judicial de retirada en el plazo establecido. Un conjunto de propuestas legislativas que se están tramitando en el Congreso en 2025-2026 establecería obligaciones en materia de transparencia de contenidos, recursos de apelación, acceso de menores a las redes sociales y divulgación de algoritmos, pero ninguna de ellas ha entrado aún en vigor.
Marco principalNo existe ninguna ley integral sobre seguridad en Internet en vigor; las normas vigentes se derivan de la doctrina de la responsabilidad condicional de los intermediarios (Ley 19.733 / jurisprudencia del Código Civil), la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663, en vigor desde enero de 2025) y la nueva Ley de Protección de Datos (Ley 21.719, promulgada en diciembre de 2024). A mediados de 2026, se están tramitando en el Congreso varios proyectos de ley, entre ellos un amplio proyecto de ley sobre plataformas digitales (Boletín 14.561-19) y dos proyectos de ley sobre la protección de los menores en Internet.
Puntos clave
El informe «Freedom on the Net 2024» de Freedom House calificó a Chile como «Libre», con una puntuación de 86/100, lo que lo sitúa, junto con Canadá, como el tercer entorno digital más libre del mundo. Las autoridades no bloquean ni filtran contenidos políticos, sociales o religiosos, y la infraestructura es abierta.
Según la legislación vigente, los proveedores de servicios de Internet (ISP) y las plataformas digitales no asumen responsabilidad alguna por los contenidos generados por los usuarios, salvo que incumplan una orden judicial vinculante que les obligue a retirarlos en el plazo establecido. No existe un régimen de «notificación y retirada» que imponga obligaciones proactivas de moderación de contenidos.
La Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663) entró en vigor el 1 de enero de 2025, por la que se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un organismo autónomo encargado de regular y supervisar las normas de ciberseguridad para los operadores de servicios críticos, tanto públicos como privados. Se trata del principal hito en materia de regulación digital actualmente en vigor.
La Ley 21.719, publicada en diciembre de 2024, moderniza el marco normativo chileno en materia de privacidad siguiendo las directrices del RGPD e introduce una distinción entre niños y adolescentes, que exige el consentimiento de los padres para el tratamiento de los datos de los menores de 16 años. Las obligaciones de cumplimiento pleno entrarán en vigor en diciembre de 2026.
El proyecto de ley 14.561-19, presentado en 2021 y aprobado en términos generales por el Senado en agosto de 2025, obligaría a las grandes plataformas que operan en Chile a contar con un representante legal local, a dar a conocer los criterios de moderación de contenidos, a ofrecer a los usuarios un mecanismo de recurso contra las eliminaciones y a explicar la curación algorítmica. A mediados de 2026, el proyecto sigue siendo objeto de un debate detallado en comisión.
Al menos dos proyectos de ley paralelos presentados a principios y mediados de 2026 restringirían el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, las plataformas de retransmisiones en directo, los chatbots con IA, los sitios web de apuestas y los servicios de contenido para adultos. Tanto el proyecto de ley del Gobierno «Entornos Digitales Seguros» como el proyecto de ley multipartidista «Protección Digital Infantil» imponen obligaciones a las plataformas, entre las que se incluyen la verificación de la edad, la creación de canales de denuncia y la realización de investigaciones en un plazo determinado, pero ninguno de ellos se ha convertido aún en ley.
Esta página es una traducción facilitada a título informativo; la versión en inglés es la que tiene carácter oficial y no constituye asesoramiento jurídico.