Inteligencia artificial — Chile (2026)

En mayo de 2024, Chile actualizó su Política Nacional de Inteligencia Artificial a 10 años (2021-2030) mediante el Decreto n.º 12, centrando el enfoque en la gobernanza, los derechos humanos y el uso ético. Fue el primer país en incorporar los resultados de la Metodología de Evaluación de la Preparación de la UNESCO en su política nacional sobre IA, y creó una Comisión Interministerial sobre IA presidida por MinCiencia.

Presentado por el Gobierno del presidente Boric en mayo de 2024 y aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2025, el proyecto de ley se encuentra ahora en su segunda fase de revisión constitucional en el Senado. A principios de 2026, sigue tramitándose en el Senado sin una fecha fija para su promulgación.

El proyecto de ley establece cuatro niveles de riesgo en materia de IA: riesgo inaceptable (prohibido de forma absoluta), riesgo elevado (sujeto a obligaciones de conformidad), riesgo limitado (solo obligaciones de transparencia) y ausencia de riesgo evidente. La estructura se ajusta a la Ley de IA de la UE.

El proyecto de ley prohíbe las aplicaciones de inteligencia artificial que supongan un riesgo inaceptable, entre ellas los sistemas de puntuación social, la manipulación subliminal y la identificación biométrica en tiempo real sin consentimiento en espacios públicos, todas ellas consideradas incompatibles con los derechos fundamentales.

Los operadores de sistemas de inteligencia artificial que generen audio, imágenes, vídeo o texto sintéticos deben indicar que dicho contenido ha sido generado o manipulado artificialmente, con el fin de hacer frente a los riesgos que plantean los «deepfakes» y la desinformación.

El proyecto de ley prevé la creación de un Consejo Asesor Técnico sobre IA, integrado por representantes de las administraciones públicas, el mundo académico, la industria y la sociedad civil, encargado de mantener las listas de clasificación de riesgos y de asesorar en materia de políticas públicas.