Inteligencia artificial — Argentina (2026)

El Plan Nacional de Inteligencia Artificial, coordinado por la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, establece ejes estratégicos (talento, datos, infraestructura, I+D, adopción por parte del sector público, ética y regulación) con horizonte en 2030. Se trata de una estrategia política, no de una ley vinculante.

La Subsecretaría de Tecnologías de la Información publicó las «Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable» el 1 de junio de 2023 (Boletín Oficial, 2 de junio de 2023). Dirigidas al sector público nacional, estas recomendaciones aplican principios éticos a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA y reservan la responsabilidad y la supervisión a los seres humanos; no son vinculantes para el sector privado.

Resolución 161/2023 de la AAIP (publicada el 4 de septiembre de 2023) creó un Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la IA, que incluye un observatorio de la IA, un consejo asesor multidisciplinar, diagnósticos sectoriales y herramientas de evaluación del impacto en la privacidad adaptadas a la IA, de aplicación con arreglo a la Ley 25.326 (protección de datos).

La Subsecretaría de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires promulgó la Resolución 9/2025 en noviembre de 2025, el primer marco normativo obligatorio sobre IA en Argentina. Este marco establece una clasificación por niveles de riesgo (riesgo inaceptable, alto, limitado y nulo), un Registro Provincial de Sistemas de IA, obligaciones en materia de auditoría y trazabilidad, así como requisitos de notificación pública cuando se utilice la IA, y es de obligado cumplimiento para los organismos públicos de la provincia.

El 29 de mayo de 2026, el presidente Javier Milei remitió al Congreso un proyecto de ley para la creación de una categoría de sociedades gestionadas por agentes de inteligencia artificial (en las que un administrador humano seguiría siendo responsable), junto con el compromiso de mantener la inteligencia artificial «sin regular» y un impuesto de sociedades reducido. El proyecto de ley sigue en debate en el Senado y aún no se ha aprobado.

A falta de una ley específica sobre IA, las obligaciones se derivan de la Ley de Protección de Datos Personales n.º 25.326 (cuya aplicación corre a cargo de la AAIP), la Ley de Protección del Consumidor n.º 24.240, la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor n.º 11.723 y la normativa sectorial (supervisión financiera a cargo del BCRA y la CNV; en materia sanitaria, a cargo de la ANMAT). En el Congreso Nacional hay varios proyectos de ley federales pendientes para crear un marco horizontal en materia de IA o un organismo de supervisión.